CARTAS ENVIADAS POR COLEGAS
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(UTEM-TODOS )
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Señora
Haydée Gutiérrez Vilches
Rectora (S)
Estimada colega:
Junto con saludarle, en mi calidad de académica de esta Universidad, que como usted ha dedicado muchos años de desempeño docente, por la presente me he permitido manifestarle algunas de las inquietudes que hoy son compartidas por la inmensa mayoría de quienes integran nuestra Comunidad Universitaria. Esto, con la convicción de que mis palabras la estimulen a reflexionar sobre la marcha institucional vista desde que usted, como Vicerrectora Académica, asumió en subrogancia la Rectoría de la UTEM, y acerca de los cursos de acción que a todas luces es urgente adoptar en el tiempo inmediato, para afrontar los difíciles escenarios que se aproximan y que demandan, de quienes han asumido responsabilidades en el orden directivo, una actitud de honesta generosidad para dejar espacio a otro tipo de conducción institucional, conducente a un pronto retorno a la plena normalidad de las instancias que integran la estructura orgánica y, desde luego, a arribar cuanto antes a un régimen de gobierno universitario sustentado en la legitimidad que sólo puede provenir de la voluntad del estamento académico, al que los estatutos universitarios confieren la facultad de elegir a quien debe ejercer el cargo que usted, estimada colega, está ejerciendo en forma transitoria.
Recientemente, hemos conocido su decisión de solicitar la renuncia a la señora Janet Armijo Tornel, nombrada Vicerrectora de Administración y Finanzas al inicio de su Rectoría Subrogante, según sus palabras, en que hasta ahora no se han cumplido de manera satisfactoria los requerimientos formulados por el Consejo Superior y del Ministerio de Educación.
Desearía, como integrante de una comunidad universitaria democrática, haber contado con mayores antecedentes en torno al desempeño de la Sra. Armijo y de las circunstancias precisas conducentes a la decisión de removerla, sin embargo y en aras de observar el principio de autoridad, no es mi intención cuestionar una medida que atañe a su exclusiva órbita de competencia. Sin perjuicio de ello, debido a la connotación de tal cambio de autoridad institucional y, por supuesto, valiéndome de un trato deferente a su alta investidura, no puedo abstenerme de comunicarle la preocupación que eventos como el referido generan en nuestra comunidad.
Esto, máxime que a la par de informarnos de ese tipo de medidas, tomamos conocimiento de otros eventos, de naturaleza judicial, que pueden contribuir a agravar una situación económica que es difícil y de la cual a diario vemos evidencia; honorarios docentes impagos, deuda previsional, incumplimiento con proveedores, etc.
En efecto, ya para nadie es un misterio que contra inmuebles institucionales se han trabado medidas cautelares en el marco de procesos judiciales relativos a las carreras de Criminalística que la UTEM sigue impartiendo. No es mí deber entrar en honduras sobre el tema, porque estoy convencida que atañe a una decisión institucional concienzuda, realista y, sobre todo, con amplia participación de las instancias pertinentes. Sin embargo, no es ajeno a mi preocupación y, de la de muchos de mis pares, el futuro que depara a la Universidad tanto esa como otras apremiantes y demasiado publicitadas coyunturas.
Por otro lado, pero vinculado al mismo tema, se han escuchado rumores de supuestas mesas de diálogo para arribar a un acuerdo extrajudicial, de cual no se ha informado a la Comunidad Universitaria, lo que podría incrementar la incertidumbre ya reinante en cuanto a la trascendencia futura de acciones que debiendo estar sustentadas en un gobierno universitario normal, se están decidiendo e implementando en el tiempo presente.
A esto se suma el ya tantas veces anunciado estudio y modificación de la reglamentación electoral que en sucesivas sesiones del Consejo Superior y últimamente, en el denominado “Consejo Ampliado”, ha salido a la palestra. Esa tarea, encomendada una y otra vez, a la Dirección Jurídica como a la Contraloría Interna, y en diferentes términos, no ha conducido a nada concreto y el tiempo para que ello ocurra, ya estaría agotado, teniendo a la vista la fecha propuesta para elegir a un Rector titular.
Creo, como muchos integrantes de los estamentos de la Universidad, que lo observado en el tratamiento de las materias jurídicas institucionales es el resultado del arribo de profesionales sin la experiencia necesaria para responder a requerimientos específicos, y, a más de esto, con una currícula hasta fecha desconocida, situación va en contra de la generación, en aquellos estamentos, de una sensación de tranquilidad derivada de saber que se cuenta con una asistencia jurídica idónea.
Esos y otros aspectos del día a día universitario hacen que cuanto antes se efectúen cambios cualitativos en la dirección del quehacer jurídico de la Universidad, mediante la incorporación de profesionales con un perfil que se ajuste al calibre de los grandes desafíos que la UTEM enfrenta, de modo cuidando de reflejar el carácter y extensión del presente gobierno rectorial, es decir, que tengan un carácter transitorio. Tales cambios deben considerar, en mi opinión, la sustitución del actual Director Jurídico y Contralor Interno (S), idealmente nombrando en el primer cargo a un profesional de conocida trayectoria y experiencia en materia administrativa y universitaria, y con un desempeño profesional avalado por logros comprobables.
Como una demostración de la transparencia de la que usted pretende revestir a su gobierno universitario de transición, la persona que sea propuesta al Consejo Superior, para asumir el cargo de Contralor Interno Suplente, debería ser la que indique el estamento académico, previa consulta a sus integrantes, canalizada a través de los Consejos de Facultad.
Estoy convencida de que contaré con su comprensión y favorable respuesta a las solicitudes formuladas en esta carta, las que sólo están inspiradas en el propósito de que la etapa final de su Rectoría transitoria cumpla con las expectativas que todos teníamos cuando ella comenzó y, permitir un pronto retorno a la normalidad institucional, en cuyo contexto las medidas de reestructuración interna y reforma sustancial de los estatutos universitarios sí contarán con la debida legitimidad al estar respaldadas por la participación democrática de todos los estamentos de la UTEM.
Agradeciendo de antemano su pronta respuesta a esta misiva, la que me permitiré difundir a través del correo de la Universidad, le reitera su respetuoso saludo.
MARIA VICTORIA VALLEJOS AMADO
ACADEMICA JORNADA COMPLETA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
Santiago, Sábado, 23 de Agosto de 2008.
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Santiago, 25 de agosto de 2008.
Sr.
Rodrigo Rivera Nolf
Contralor Interno (S)
Universidad Tecnológica Metropolitana
Presente:
Junto con saludarle respetuosamente, y en respuesta a su comunicado difundido a través de la red institucional el día 20 de agosto, el que me alude directamente, vengo en responder lo siguiente:
1°.- El propósito tenido en cuenta para haber efectuado la consulta que dio motivo al Oficio N° 37255 de 2008, de la Contraloría General de la República, fue y continua siendo el contar con un pronunciamiento jurídico que pudiese avalar una decisión institucional con trascendencia para cada uno de los docentes que integran nuestro estamento académico, como es exigirles una declaración de intereses que extralimita el texto expreso de la Ley N° 18.575, en artículos 57 y siguientes, y los parámetros fijados por la jurisprudencia que aquel ente contralor ha emitido sobre el particular.
2°.- Subyacente a ese propósito no está el objetivo de conspirar en contra de la armonía y concordia que debe imperar en nuestra convivencia universitaria, ya bastante convulsionada por episodios acaecidos en el presente año. Por el contrario, con esa presentación a la institución contralora antes citada sólo he perseguido evitar el surgimiento de un nuevo factor de confrontación que naturalmente puede generarse, de verse nuestros docentes compelidos a una acción que los afecta en su privacidad y dignidad tanto académica como personal sin que se tengan a la vista los fundamentos jurídicos ni su finalidad, los que, creo humildemente, debieran quedar fielmente plasmados en el instrumento que recoja la actuación del alto órgano institucional que la dispuso: nuestro Consejo Superior. Me refiero específicamente al acta propiamente tal de la sesión en la que dicho Consejo acordó semejante medida, no bastando, como hasta ahora, con simples listados de puntos de acuerdo que no son fiel testimonio del debate y libre exposición de ideas que debe sustentar cada decisión adoptada y que son, precisamente, su garantía de legitimidad.
Cabe hacer notar que, como le consta a los integrantes del Consejo Académico, antes de enviar la presentación a la Contraloría General de la República, solicité expresamente dos cosas: 1. Que el Consejo Superior justificara el acuerdo de solicitar la declaración de intereses a todos los académicos de la Universidad, indicando el procedimiento a seguir y
2. Que Rectoría hiciera la consulta sobre la legitimidad o fundamentos jurídicos a la Contraloría General de la República, indicando que de no hacerlo me vería en la obligación de presentarla yo, como creía que es derecho de cualquier ciudadano de nuestro país.
3°.- En cuanto al tenor del oficio de la Contraloría General de la República, motivo de su comunicado, me siento en la obligación de discrepar acerca del sentido y alcance que usted pretende asignarle a ese oficio, pasando por alto el que a todas luces debe dársele y que no es otro que indicar a nuestra autoridad rectoral que ella es la autoridad llamada a realizar la consulta por mí formulada y con sujeción a los términos señalados, esto es adjuntando un informe jurídico que respalde la decisión institucional indicada en un numeral anterior, cuya autoría debería recaer, paradojalmente, en usted, Sr. Contralor Interno (S), por ser la autoridad encargada de velar por la juridicidad de los actos institucionales.
Para colegir lo recién afirmado, le invito a leer el último párrafo del oficio en cuestión: “Atendido lo anterior, y dado que la materia de que se trata se encuentra en el ámbito de atribuciones de la Rectoría de esa Casa de Estudios, cumple esta Contraloría General con remitir a esa autoridad la referida presentación, para que se sirva proceder conforme a las instrucciones antedichas”.
4°.- En vista de lo recién transcrito, del hecho que la Sra. Rectora (S) tiene a su disposición el texto de la presentación hecha por mi –causa del oficio en referencia– y de la innegable conveniencia de contar con un pronunciamiento previo de la Contraloría General de la República sobre un tema tan relevante y sensible para una pacífica y armoniosa convivencia institucional, como el ya mencionado, le sugiero que se acoja la indicación de dicha importante entidad contralora, en su genuino y sano sentido, enmarcando la marcha de nuestra Universidad en la segura y tranquilizadora senda de la legalidad.
Sr. Rivera Nolf, la suscrita y la inmensa mayoría del estamento académico, tanto de la Facultad de la que me honro ser Decano como de las demás Facultades de nuestra Universidad, que ha evidenciado inquietud sobre la materia y se ha sentido representada en mi actuación frente a la Contraloría General de la República, quedaríamos muy agradecidos si usted, en su calidad de Contralor Interno (S), instase a la Sra. Rectora (S) para que así se procediere.
Por último, deseo dejar sentado en esta carta respuesta que el oficio en cuestión fue remitido desde Contraloría General de la República a la Rectoría de nuestra institución con copia a mi persona, copia que aún no recibo por los conductos formales de correo institucional, ignorando la razón, y por lo tanto agradezco a Ud. el haberlo adjuntado a su comunicado. Es mi deber manifestarle, además, que esta carta la enviaré a la comunidad utilizando mi derecho a réplica por el mismo medio en que fue difundido su comunicado en el que me menciona de manera explícita.
Le saluda respetuosamente,
BEATRIZ GÓMEZ HERNÁNDEZ
DECANO
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y DEL MEDIO AMBIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
