EL MERCURIO, DOMINGO 08 de FEBRERO, (pg:2)
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Financiamiento de universidades estatales
El financiamiento de las universidades estatales y su rentabilidad social es un tema de permanente interés. En las universidades públicas nos vemos obligados -por ley- a manejar un modelo obsoleto e ineficaz. Pero el país y su gente necesitan otra cosa. Es útil revisar algunas cifras que me son cercanas.
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El presupuesto 2009 de la Universidad de Chile es de 300 mil millones de pesos, con un aporte estatal directo de 42 mil millones, un 14%. Cifra bajísima comparada con cualquiera de los países de la OCDE, club de las naciones más desarrolladas, algunas de las cuales aportan a sus universidades hasta el 90% de sus presupuestos.
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Por ley, las universidades estatales deben publicar sus balances generales y estados financieros auditados, lo que no es obligatorio a las universidades privadas. Los recursos públicos y privados que reciben las universidades estatales se manejan como recursos públicos y están sujetas al control público. Las universidades privadas manejan los recursos públicos y privados sin control público alguno, y no están obligadas a funcionar con Chilecompra, ni con el Estatuto Administrativo, ni son supervisadas por dos contralorías como nosotros.
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Las privadas figuran como corporaciones sin fines de lucro, pero muchas son negocios que se compran y se venden en cifras millonarias en dólares.
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Lo que el país necesita globalmente es otra cosa.
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La Universidad de Chile, trabajando en estas condiciones desfavorables, sigue liderando en investigación y en docencia, gracias al esfuerzo y generosidad de su comunidad, pero esto tiene un límite..
En el período 2003-2007, entre las universidades del Consejo de Rectores, la Universidad de Chile representa el 32% de las publicaciones internacionales ISI, la Universidad Católica el 21%, y la Universidad de Concepción el 13%.
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En el concurso Fondecyt 2009, obtuvimos 128 proyectos (el 31,6%), la PUC 67 y la UdC 33 proyectos, o sea, la Universidad de Chile obtuvo más proyectos que ambas universidades juntas. En el período 2002-2006, la UCH graduó al 36% de los doctorados en el país, la PUC el 25%, y la UdC el 19%. Días atrás se publicaron los resultados de las 500 becas de doctorado para todo el país: la UCH ganó 149 y la PUC 100. En concursos Corfo - Innova, tenemos el 11,6%, la UdC el 6,8 %, y la PUC el 3,6%.
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De los alumnos que ingresan el 2009, en nuestra universidad el 37% proviene de colegios particulares pagados (colegios que representan al 7% de los estudiantes), y el 63% de colegios subvencionados (municipales y particulares); en la U. Católica, el 67,6% proviene de colegios particulares pagados, y el 32,4% de colegios subvencionados. Sin embargo, la ayuda del Estado en becas y créditos por arancel de referencia favorece más a los estudiantes de la U. Católica.
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¿Cuántos más beneficios obtendríamos como país si en lugar de dificultarles las cosas a sus universidades públicas el Estado optara por apoyarlas, como hacen los países desarrollados? Chile necesita dar un salto adelante en cuanto a calidad, equidad, innovación y responsabilidad social del conocimiento. Ahí hay tareas que sólo se pueden cumplir con un sólido sistema de universidades públicas. Por eso hemos presentado un conjunto articulado de propuestas que llamamos el Nuevo Trato entre el Estado y sus Universidades.
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En este contexto, las universidades estatales asumen cinco compromisos: calidad con equidad (programas concretos con metas y resultados verificables sobre el mejoramiento de la productividad académica); apoyar al Estado en proyectos de desarrollo e innovación; dar opciones de educación superior para todos; asumir un modelo de administración moderno, eficiente y transparente; crear y mantener espacios públicos, pluralistas y laicos.
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El uso de recursos públicos establece obligaciones de transparencia y eficiencia.
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Por eso, el Nuevo Trato propone mecanismos concretos y exigentes de evaluación de desempeños y de resultados. Y el Estado se compromete a financiar, al menos, el 50% de los actuales presupuestos de las universidades estatales.
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Esta política no va en contra de otras universidades que realizan aportes importantes al país; sí busca acabar con el abandono del que han sido víctimas las instituciones creadas por el propio Estado.
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Chile carece hoy, sin razón alguna, de un modelo sustentable de universidad pública para el siglo 21. Queremos invitar al país y a los candidatos a la Presidencia de la República a pronunciarse.
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COMO CONTRA PARTE PRESENTAMOS LA SUTIL DEFENSA DE JOSÉ J. BRUNNER, ALTO EJECUTIVO DE UNA DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS "SIN FINES DE LUCRO",
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EN EL MERCURIO, DOMINGO 08/02/09 (pg:10).
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"Tipología y características de las universidades chilenas",
Estudio rebaraja el naipe de las universidades más allá de la "cota mil".
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Por Matías Bakit R:
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El informe realizado por José Joaquín Brunner pretende ir más allá de la dicotomía entre universidades públicas y privadas. Junto con criticar la excesiva importancia asignada a la PSU como filtro de ingreso a la educación superior, divide a las 61 casas de estudio del país en 7 grupos según su selectividad y la composición social de sus alumnos.
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Ha pasado prácticamente un mes desde que el sacerdote jesuita Felipe Berríos encendiera el debate educacional en Chile con sus críticas a las llamadas universidades "cota mil".
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Motivado por la discusión generada por las palabras del padre Berríos, el Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE) de la Universidad Diego Portales lanzará mañana una nueva propuesta de clasificación de universidades -el estudio "Tipología y características de las universidades chilenas"-, la que no sólo tipifica a las "cota mil", sino a todo el resto de las instituciones de educación superior, separándolas en siete grupos (ver recuadros) según su capacidad de investigación, objetivos, número de alumnos y alta o baja selectividad (cantidad de alumnos entre los 27.500 mejores puntajes de la PSU que ingresan a ellas) que presentan.
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Según el director del centro, el académico y ex ministro José Joaquín Brunner, "en Chile existen 61 instituciones de diversa naturaleza, con distintos objetivos, formas de enseñar y composición social del alumnado".
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Esta alta diversificación -común en países donde hay una gran apuesta de los privados en las universidades, como EE.UU. y Japón- suele tener efectos positivos en la sociedad, pues implica la existencia de una gran cantidad de alternativas para que la gente tenga acceso a la educación superior.
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"Hoy Chile está siguiendo el mismo camino que el mundo. Hay universidades para todos, de todo tipo", explica Brunner.Sin embargo, añade que, pese a las ventajas, el debate actual no está logrando captar esta diversidad, dando la impresión de la existencia de un sistema más bien homogéneo, con una sola división: la de universidades públicas y privadas.
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El problema, según Brunner, es que las políticas educacionales que se implementan hoy en día son dirigidas a todos por igual, sin fijarse en las diferencias entre las instituciones.Un ejemplo es la PSU: "La Prueba de Selección Universitaria debe ser revisada, pues le importa vitalmente a un grupo pequeño de universidades, que son las más selectivas. Hay muchas otras a las que no.
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Debiéramos tener múltiples instrumentos diferentes, uno de los cuales tendría que ser una prueba del estilo de la PSU", explica. "Lo más complicado es que los créditos y becas que entrega el Estado, además de basarse en factores socioeconómicos, están ligados a los puntajes de la prueba, una prueba que no representa a toda la variedad de establecimientos".
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De ahí la idea de realizar este estudio: "Servirá para tener una caracterización que permita entender mejor la dinámica del sistema y que facilite el trabajo a quienes tienen que hacer políticas públicas. Y además contiene toda la información para que los estudiantes y sus familias se informen sobre las diferentes opciones".
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