EDITORIAL DE EL MERCURIO EN TORNO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

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DE EL MERCURIO, MARTES  06 DE JULIO DE 2010.
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Martes 06 de Julio de 2010

Debate en educación superior

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El país necesita revisar su política de educación superior, que ha sido desatendida en los últimos gobiernos. Esa situación no se puede seguir prolongando, porque comienzan a acumularse tensiones que deben ser resueltas. Sin embargo, apenas se insinúan algunas iniciativas de reforma, en vez de darse un debate constructivo, como sería propio de la vida universitaria, se crea un clima en el que los diversos intereses se hacen tan agresivos, que los gobiernos prefieren postergar la discusión. Bien lo ilustra el actual debate, que más que analizar políticas específicas, apunta a cuál sea el referente más apropiado para discutir la política de educación superior, o al mejor derecho a recibir fondos públicos que tendrían algunas universidades respecto de otras.

En relación con el primer punto, la pretensión de que esta política debería definirse en conjunto con las instituciones de educación superior no está demostrada.

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Por cierto, puede haber un valioso intercambio de opiniones, pero pocos sostendrían, por ejemplo, que las políticas económicas deban definirse con la Confederación de la Producción y del Comercio, o que las de minería deban acordarse con Codelco y las empresas privadas del rubro. Y en cuanto al mejor derecho, sobre todo en la vida universitaria, lo esperable sería probarlo de modo permanente.

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Sin perjuicio de las reformas que se puedan plantear en ámbitos como la acreditación, el aporte fiscal indirecto o el modo como el Ministerio de Educación se reorganice para abordar la política de educación superior, hay en educación superior al menos cinco grandes áreas que requieren reflexión y cambio.

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La primera es la organización de las propias instituciones: las universidades estatales tienen gobiernos corporativos anacrónicos y, quizás por eso, rigideces e inflexibilidades que impiden una gestión moderna. Entre las universidades privadas coexisten en la práctica instituciones con y sin fines de lucro, aunque la ley prohíbe las primeras. Ambas debieran estar permitidas, y transparentarse la situación de cada una.

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Una segunda área de reforma se relaciona con el financiamiento estudiantil. Las becas y el crédito discriminan entre estudiantes según las características de las universidades a que acceden, aun cuando ellas estén acreditadas por el mismo período, y pese a que los estudiantes tengan igual condición socioeconómica. Eso es injusto y debe repararse, así como articular mejor las becas y el crédito.

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También debería reformarse el financiamiento basal. Es razonable buscar modos de allegar más recursos públicos para estos fines, dado que Chile es el país de la OCDE que menos invierte en ellos. Pero ese financiamiento debe entregarse crecientemente mediante convenios de desempeño y abrirse a otras instituciones que no integran el Consejo de Rectores, posiblemente excluyendo de tal apertura a las universidades con fines de lucro, que si bien pueden ser un aporte importante a la formación de profesionales, es más discutible que puedan serlo en las tareas propias que aspira a impulsar el financiamiento basal, y que son más difíciles de monitorear.

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Un cuarto eje supone una revisión de la política de ciencia y tecnología, que requiere mayor coherencia (por ejemplo, aumentando el número de proyectos financiados por Fondecyt), una evaluación y reformulación de algunos de sus programas, y un cambio en la institucionalidad del Conicyt.

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Por último, es indispensable una renovación curricular que permita una mayor articulación de las distintas instituciones para favorecer la movilidad de los estudiantes, que reduzca las tasas de deserción y que permita la obtención del primer título en plazos más breves que los actuales, para hacer al sistema de educación superior más eficiente y eficaz.