DECRETO CONTRALORÍA GENERAL 2008 U. ATACAMA . SUPRESIÓN DE PLANTAS

División de Coordinación e Información Jurídica

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Dictamen : 014276NO8

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.( A buen entendedor, pocas palabras).

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Fecha emisión : 02/04/08
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Destinatarios : Rector Universidad Atacama

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Texto resumido:

El Rector de la Universidad de Atacama tiene la facultad para suprimir cargos de carácter ¡académico, porque la potestad de que gozan las Entidades de Educación Superior para aprobar las plantas y sus respectivas plazas, comprende también la de suprimir cargos.

Dicha atribución emana no sólo de normas contempladas en decretos con fuerza de ley, sino que tiene su origen en la autonomía universitaria que el legislador, a través de normas orgánicas constitucionales, ha reconocido a las universidades, atendida la especial naturaleza de la función que ellas desempeñan.

Tienen derecho a la indemnización establecida en el art/154 de la ley 18834, todos aquellos funcionarios a los que, no estando en condiciones de jubilar, se les han suprimido sus empleos a consecuencia de procesos de reestructuración o fusión y no sólo aquellos que no hayan sido encasillados en las nuevas plantas.

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TEXTO-COMPLETO:

Ex académicos de la Universidad de Atacama, se han dirigido nuevamente a esta Contraloría General, solicitando la revisión de la situación que les afecta, particularmente, en cuanto a la supresión de sus empleos en la citada Casa de Estudios Superiores y a la procedencia del pago de la indemnización prevista en el artículo 154 de la ley W 18.834, sobre Estatuto Administrativo, aplicable a esa Institución de Educación Superior en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 162 de ese mismo cuerpo estatutario.

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En relación con la primera cuestión planteada, y atendido a que los recurrentes no aportan nuevos antecedentes que permitan desvirtuar lo resuelto mediante oficio Nº 45.873, de 2007, cabe reiterar lo manifestado por éste, en cuanto señala que de conformidad con lo establecido en el artículo 88 de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, las universidades gozan de plena autonomía en materias académicas, económicas y administrativas, y que en este contexto, la autonomía administrativa faculta a cada establecimiento de educación superior para organizar su funcionamiento de la manera que estime más adecuada de conformidad con sus estatutos y las leyes.En este contexto, conviene recordar que el citado pronunciamiento precisó que de conformidad con las normas pertinentes del decreto con fuerza de ley Nº 151, de 1981, del Ministerio de Educación, que fija el Estatuto de la Universidad de Atacama, corresponde a su rector, entre otras atribuciones, la de "aprobar los cargos necesarios del cuerpo académico", y a la respectiva Junta Directiva, la de "aprobar la planta de funcionarios de la Universidad y sus modificaciones", precisando que la facultad de que gozan las entidades de educación superior, para aprobar las plantas y sus respectivas plazas, comprende la de suprimir cargos.

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Atendido lo expresado, el indicado dictamen concluyó, en base a las consideraciones que desarrolla, que la facultad que posee el Rector de la Universidad de Atacama para disponer la supresión de determinados cargos, encuentra su fundamento no sólo en su propio cuerpo estatutario, sino que también en la normativa orgánica constitucional pertinente.

INDEMNIZACIÓNES
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Puntualizado lo anterior, y en lo que se refiere a la procedencia de la indemnización prevista en el artículo 154 de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, reclamada por los recurrentes, cabe destacar que en dicho precepto se dispone que "en los casos de supresión del empleo por procesos de reestructuración o fusión, los funcionarios de planta que cesaren en sus cargos a consecuencia de no ser encasillados en las nuevas plantas y que no cumplieren con los requisitos para acogerse a jubilación, tendrán derecho a gozar de una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis".

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Al respecto, resulta pertinente indicar que la indemnización contemplada en el referido artículo 154, tiene un carácter compensatorio y su objeto es mitigar las consecuencias que para el servidor acarrea la pérdida de su trabajo, como consecuencia de las supresiones de cargos por necesidades de reestructuración del organismo o de fusión, cuando aquél no puede acogerse a jubilación, tal como lo ha precisado esta Contraloría General mediante oficio Nº 38.136, de 2007.

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Ahora bien, en relación con dicho beneficio, el citado dictamen Nº 38.136, precisó que elrequisito de "no ser encasillados en las nuevas plantas, debe exigirse en la medida que la ,reestructuración o fusión haya estado aparejada a la aprobación de una nueva planta, ya que ,en ese caso, habiéndose producido el consecuente proceso de encasillamiento, aquellos funcionarios que no hayan accedido a la nueva planta, tienen derecho al citado beneficio".

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Agregó, no obstante, dicho pronunciamiento que, atendido que no todos los procesos de reestructuración o fusión importan necesariamente la creación de nuevas plantas, sino que en muchos casos, sólo se procede a suprimir o fusionar unidades, con las consecuentes supresiones de cargos -que es precisamente lo que se verifica en la especie-, la indemnización de que se trata, puede beneficiar también a los servidores que se vean afectados por este tipo de situaciones.

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De esta manera, entonces, tienen derecho al beneficio en comento, todos aquellos funcionarios a los que, no estando-en condiciones de jubilar, se les suprimió su empleo como consecuencia de procesos de reestructuración o fusión, aunque no haya operado un-proceso de encasillamiento.

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Efectuada esta precisión, y con el objeto de resolver sobre la procedencia de la indemnización contemplada en el indicado artículo 154, es necesario determinar si la supresión de los cargos de los referidos académicos, dispuesta por el Rector de la Universidad de Atacama, obedeció.a un proceso de reestructuración o fusión.

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Sobre el particular, cabe señalar que el Rector de la citada Casa de Estudios Superiores, en su informe emitido mediante ordinario Nº 210/712, de 2003, expone que "la supresión de los citados cargos de académicos, obedeció a una necesidad institucional de reestructuración",sin que se transgrediera, por tanto, la normativa legal ni constitucional.

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Agrega la referida autoridad universitaria, que la supresión de tales cargos fue adoptada dentro del marco de la competencia legal que al efecto se le reconoce al rector de esa Institución de Educación 'Superior, quien, precisamente en ejercicio de esa facultad, determinó, producto de un proceso de reestructuración, prescindir de determinados cargos.

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En este mismo orden de ideas, resulta útil destacar que la Junta Directiva de la Universidad de Atacama, en su centésima cuadragésima séptima (14r) sesión ordinaria, celebrada con echa 30 de enero de 2003, acordó la supresión de siete cargos académicos, circunstancia que permitió que mediante tal medida se prescindiera de determinados cargos y no de los Funcionarios que los sirven.

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Así, pues, junto con reiterar en esta oportunidad lo ya expresado en anteriores pronunciamientos -oficios NºS 31.783 Y 45.931, ambos de 2004 y Nº 45.873, de 2007, ya citado- en el sentido de que las supresiones de cargos de que en la especie se trata se ajustaron a derecho, debe también insistir esta Contraloría General, en que las decisiones respectivas respondieron a la necesidad de modificar la estructura de determinadas unidades de la Universidad de Atacama, y que, por lo tanto, fueron adoptadas en el marco de un proceso de reestructuración que responde a la exigencia formulada por el artículo 154 de la ley Nº 18.834.

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En este contexto, y atendido los antecedentes señalados, resulta forzoso concluir que, en la medida que los interesados no hayan cumplido con los requisitos para acogerse a jubilación a la fecha en que se produjo la supresión de los cargos que ocupaban, les asiste el derecho a percibir la indemnización establecida al efecto en el citado artículo 154.

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Se ratifica en todas sus partes el dictamen Nº 45.873, de 2007, de esta Contraloría General, el que debe entenderse complementado en los términos del presente pronunciamiento.