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Iba a ser la estatua de Juan Pablo II más alta del mundo. Y se instalaría en la puerta de entrada al Barrio Bellavista, justo frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Pero el Consejo de Monumentos rechazó su arribo en noviembre del año pasado, por lo que el chiche del socio y vicerrector de Planificación y Desarrollo de la Universidad San Sebastián (USS), Luis Cordero, tuvo que guardarse.
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Aunque alejado del mundo político, Cordero se ha mantenido en el mundo de las universidades privadas: en 1991 la sociedad Copra S.A, formada en 1986 por los gremialistas Andrés Chadwick, Andrés Serrano, Cordero y su gran amigo Pablo Longueira, ingresó a la propiedad de la Universidad Andrés Bello (UNAB). Allí fue prorrector hasta 2007, tras lo cual llegó a la San Sebastián.
Chile tiene una historia de incentivos económicos para los estudios. Pero lo ha hecho siempre en función exclusivamente de las universidades públicas. Hoy día las privadas han demostrado ser el agente más activo y relevante en todo lo que representa la movilidad y el cambio de giro en la vida de las personas.
Luego de la venta de gran parte de la propiedad de la UNAB en 2003 a la Laureate International Universities, por US$ 68 millones, Cordero fue alejándose cada vez más de esa casa de estudios, aunque se mantuvo vinculado a la Inmobiliaria Andrés Bello (IAB).
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En conversación con El Mostrador, el vicerrector da su visión sobre el rol de las universidades públicas y critica duramente la petición por parte de éstas de más recursos al Estado.
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-¿Qué opina del llamado del rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, sobre el llamado a un “nuevo trato” por parte del Estado a las universidades públicas?
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-No pensamos que sea una prioridad para el país invertir recursos millonarios en financiar al sector universitario. Al revés: pensamos que hay decenas, cientos de ejemplos que demuestran que una buena universidad, pública o privada, con buena gestión no sólo es autofinanciables sino que genera excedentes que les permiten emprender proyectos de desarrollo y crecimiento.
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-¿Por ejemplo?
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-Hay tres universidades que pertenecen al Consejo de Rectores (Cruch) que en mi opinión son el ejemplo de cómo manejan bien su gestión y la eficiencia con que administran sus recursos.
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Un caso emblemático es la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile mientras ha sido dirigida por el decano (Roberto) Nahum, que ha sido capaz de construir un pabellón de salas de clases sin pararse en la vereda a pedirle plata al Presidente de la República o al ministro de Educación.
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El caso de la Universidad de Concepción después del terremoto. Pudieron haber salido a la carretera a pedirle plata al Presidente o al ministro porque se les quemó un edificio. No, lo primero que hicieron fue hacer el análisis interno de qué activos podían prescindir, qué recursos podrían reasignar y en definitiva terminaron pidiendo un mínimo al Mineduc porque son universidades con concepto de gestión.
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Lo mismo la Universidad Austral, que es autosuficiente y que resuelve todos sus problemas.
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-¿Y el resto de las universidades públicas?
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-Hay otros que se les rompe la fachada del edificio y se paran en la vereda a gritar que les resuelvan el problema porque son incapaces de hacerlo. Nosotros pensamos que no es una prioridad de país estar gastando recursos en eso. En nuestra opinión la verdadera prioridad es invertir en los estudiantes chilenos. En hacer que el millón 9 mil jóvenes que tienen entre 18 y 25 años tengan una oportunidad real para estudiar y hacer estudios superiores y cambiar sus vidas.
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De ese millón 900 mil jóvenes hoy hay sólo 900 mil en el sistema. Hay un millón que probablemente están haciendo las cosas más diversas porque no tienen la oportunidad para estudiar. A nosotros nos parece que no es una prioridad, que no tiene justificación de rentabilidad social que el Estado haga millonarias inversiones en financiar los déficit de universidades ineficientes, públicas o privadas. Si es que finalmente a estás últimas se les quisiera meter en el sistema mientras hay millones de jóvenes esperando la oportunidad para cambiar sus vidas.
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Aún cuando aparezcamos como una institución renunciando a un eventual beneficio al recibir presupuestos fiscales, no nos interesa, por una cuestión moral. Pensamos que el país tiene otra prioridad social: darle la oportunidad al millón de jóvenes entre 18 y 25 años para que estudie.
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-¿De qué manera?
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-Simplemente generando fuentes de financiamiento de sus estudios: por becas para los alumnos más destacados, créditos con intereses bajos para los estudiantes que se van a tener que endeudar para poder estudiar. Chile tiene una historia de incentivos económicos para los estudios. Pero lo ha hecho siempre en función exclusivamente de las universidades públicas. Hoy día las privadas han demostrado ser el agente más activo y relevante en todo lo que representa la movilidad y el cambio de giro en la vida de las personas.
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Nadie hace hoy en el país una contribución mayor al cambio del destino de millones de familias que las universidades privadas. Y nosotros no pedimos plata para nosotros. Lo único que pedimos es un trato igualitario a nuestros alumnos, que son generalmente los más necesitados.
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Cuando se habla de generar consejos, clubes o asociaciones múltiples para pedirle plata al Estado, nosotros no queremos estar para encubrir a ningún ineficiente. Las casas de estudio son instituciones que tienen que saber administrar sus recursos y saber gestionar sus proyectos.
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Tienen que demostrar eficiencia y tienen que estar sometidos a las auditorías y controles del gasto de manera que dejen de ser centros de abuso e ineficiencias inaceptables cuando hablamos de recursos públicos de todos los chilenos.
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-¿Esta conversación la han mantenido con Víctor Pérez?
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-No, con él particularmente no. Pero la hemos tenido con muchos rectores de universidades del CRUCH y muchas de estas ideas son las que explican la fractura que ha habido desde hace un par de años en el consejo.
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No puede seguir existiendo un Estado que mira a los jóvenes que se matriculan en las universidades públicas como clase A y a los que lo hacen en privadas como clase B. Eso es inmoral. No es éticamente inaceptable. Y mucho menos cuando los más necesitados son tratados como clase B.
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Al Estado le debiera resultar completamente indiferente en qué institución estudia el alumno. Lo que sí, debe tomar la precaución de que la institución esté acreditada y cumplan con todas las certificaciones de calidad exigibles, porque de por medio hay una cuestión de fe pública. Pero cumpliendo con esos requisitos el Estado no debiera discriminar a nadie.
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Esa es la verdadera revolución que el país está esperando para dejar de ser subdesarrollados y encaramarnos al grupo de los países desarrollados.
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Lo que falta es voluntad política y coraje, porque claramente hay que romper círculos que son muy duros y poderosos.
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-¿Cómo evalúa el sistema de acreditación, bastante criticado por varios sectores?
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-Hay una cosa que como definición institucional es importante. Para nosotros toda certificación de la calidad es meritoria. Siempre todos los sistemas se pueden perfeccionar, siempre todo se puede hacer mejor.
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Pero lo importante es que haya certificación de la calidad, que se haya iniciado este proceso y que en definitiva las universidades tengan que cautelar por estándares, creo que eso es una garantía para la juventud chilena y para los cientos de miles de padres y apoderados que con un enorme esfuerzo financian estudios que pueden llegar a tener hoy una certificación de calidad que le da un enorme valor a la inversión que han hecho.
