AJUSTAR LOS GOBIERNOS CORPORATIVOS DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES: UNA PROPUESTA QUE SURGE DE LA PETICIÓN DE FONDOS PARA PALIAR CRISIS FINANCIERA

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DE EL MERCURIO, DOMINGO PG. A-2
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Domingo 07 de Noviembre de 2010

Educación superior

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En el debate presupuestario suelen surgir voces que estiman que su respectivo sector no está siendo tratado justamente. Los reclamos de las universidades estatales son una muestra de eso: quisieran un aumento mayor de recursos y critican, además, que los fondos de desarrollo institucional, que hasta ahora estaban disponibles sólo para las universidades del Consejo de Rectores, se abran a todas las acreditadas. Son materias discutibles, en las que el equilibrio apropiado dependerá de la posibilidad de establecer una política coherente y de largo aliento en la educación superior.

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Dicha política se ha venido construyendo a partir de análisis particulares e incluso urgencias del momento. La última reforma coherente e integral -no por eso libre de cuestionamientos- data de 1981, e incluso ella no se implementó tal como se había ideado. Ha habido luego reformas interesantes, como el sistema de acreditación, pero que no responden a una visión global de hacia dónde avanzar en educación superior. Una nueva reflexión parece indispensable después de tres décadas, en las cuales la expansión del sistema en diversos ámbitos ha sido impresionante, particularmente en cobertura, pasando del 10 al 40 por ciento.

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En el actual nivel de desarrollo se necesita, entre otros, pensar cómo nuestras universidades pueden contribuir a la innovación que requiere el país; cómo pueden las mejores avanzar internacionalmente, y cómo ser más inclusivas, sin reducir sus estándares académicos. En esta discusión los intereses del país coinciden a veces con los de organizaciones específicas, mas no siempre. Así, es razonable que a algunos fondos públicos para la educación superior -como los de desarrollo institucional- puedan postular todas las organizaciones. En otros casos, el acceso a fondos puede ser más limitado. En muchas materias no es evidente cuáles sean las mejores respuestas.

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El debate que se necesita es complejo y requiere especial generosidad de las partes. Es positivo, pues, que comiencen a surgir espacios transversales de deliberación en torno a una reforma semejante, y esta discusión debería considerar todas sus aristas principales. Así, con razón las universidades estatales reclaman por estar sujetas a demasiadas normas burocráticas que afectan su gestión, y por no poder acceder a endeudamiento de largo plazo, limitaciones que las perjudican respecto de las privadas.

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Pero, independientemente de su color político, es difícil que Ejecutivo alguno promueva esos cambios si no van acompañados de ajustes en los gobiernos corporativos de los planteles estatales, hoy controlados directa o indirectamente por los propios académicos -modelo inhabitual en los países desarrollados-. Este ejemplo ilustra las complejidades de las reformas de educación superior de segunda o tercera generación.

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