POR QUÉ EN LA UTEM NO SE PUEDE RECLAMAR POR NOMBRAMIENTOS EN PLANTA, INCONSULTOS DE LA ÚLTIMA RECTORÍA Y DE SU SUBROGANCIA.
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DE EL MERCURIO, SÁBADO DE MAYO DE 2010.
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Se había incluido cláusula que obligaba a avisar de despido con 60 días de antelación:Contraloría anula cambios hechos por el ex gobierno a contratos a honorarios de funcionarios públicos.
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Según la entidad de control, la modificación "no se ajusta a derecho", por lo que bastaría la sola notificación para que se terminaran los servicios.
Por M. VALENZUELA Y S. RIVAS
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En la tarde de ayer llegó a La Moneda un documento enviado por la Contraloría en respuesta a una solicitud hecha por la Presidencia, en la que se consultaba a la entidad si procedían los cambios hechos por la anterior administración a los contratos de varios funcionarios a inicios de 2010.
En la tarde de ayer llegó a La Moneda un documento enviado por la Contraloría en respuesta a una solicitud hecha por la Presidencia, en la que se consultaba a la entidad si procedían los cambios hechos por la anterior administración a los contratos de varios funcionarios a inicios de 2010.
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El tema había causado inquietud desde el pasado verano, cuando tras ser elegido Sebastián Piñera, la Alianza denunció que en diversas reparticiones se estaban haciendo cambios a los contratos para "amarrar" a los funcionarios. Incluso, el entonces ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, ordenó que no se hicieran modificaciones de ese tipo.
El tema había causado inquietud desde el pasado verano, cuando tras ser elegido Sebastián Piñera, la Alianza denunció que en diversas reparticiones se estaban haciendo cambios a los contratos para "amarrar" a los funcionarios. Incluso, el entonces ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, ordenó que no se hicieran modificaciones de ese tipo.
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La petición indagaba específicamente en dos situaciones: la eliminación de la frase que estipulaba que los trabajadores a contrata desempeñarían su labor "mientras fueran necesarios sus servicios" -lo que algunos esgrimían para afirmar que esto extendía la validez del contrato por todo el año-, y una nueva cláusula incorporada en los acuerdos por honorarios, que obligaba a notificar de un eventual despido a los funcionarios con 60 días de anticipación y por escrito.
La petición indagaba específicamente en dos situaciones: la eliminación de la frase que estipulaba que los trabajadores a contrata desempeñarían su labor "mientras fueran necesarios sus servicios" -lo que algunos esgrimían para afirmar que esto extendía la validez del contrato por todo el año-, y una nueva cláusula incorporada en los acuerdos por honorarios, que obligaba a notificar de un eventual despido a los funcionarios con 60 días de anticipación y por escrito.
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La entidad encabezada por Ramiro Mendoza respondió ambas inquietudes de la nueva administración en el dictamen 27.290, del 20 de mayo.
En el primer tema, ratificó el criterio de dictámenes previos; es decir, que primaba el acuerdo original con los funcionarios a contrata y que la modificación no tenía efectos en la práctica, por lo que el Gobierno podía prescindir inmediatamente de los servicios.
La entidad encabezada por Ramiro Mendoza respondió ambas inquietudes de la nueva administración en el dictamen 27.290, del 20 de mayo.
En el primer tema, ratificó el criterio de dictámenes previos; es decir, que primaba el acuerdo original con los funcionarios a contrata y que la modificación no tenía efectos en la práctica, por lo que el Gobierno podía prescindir inmediatamente de los servicios.
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Pero la Contraloría aún no se había pronunciado sobre el segundo punto. Y en su resolución, fue categórica: invalidó la cláusula que obligaba a notificar los despidos en casos de funcionarios que estuvieran a honorarios.
Pero la Contraloría aún no se había pronunciado sobre el segundo punto. Y en su resolución, fue categórica: invalidó la cláusula que obligaba a notificar los despidos en casos de funcionarios que estuvieran a honorarios.
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En su argumentación, el organismo señala que la cláusula "no se ajusta a derecho" por ser "improcedente en tales acuerdos". Y agregó que en la eventualidad de un despido, "bastaría con que la autoridad adoptara dicha decisión en forma pura y simple, notificándosela al afectado".
En su argumentación, el organismo señala que la cláusula "no se ajusta a derecho" por ser "improcedente en tales acuerdos". Y agregó que en la eventualidad de un despido, "bastaría con que la autoridad adoptara dicha decisión en forma pura y simple, notificándosela al afectado".
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La Contraloría fue más allá, señalando que "no resulta lógico entender que quienes excepcionalmente son convocados a prestar funciones en la Administración del Estado, sin integrarla, tengan derechos que el ordenamiento jurídico no otorga a quienes pertenecen a ella", como es el caso de los empleados de planta, lo que la Contraloría consideró como una "discriminación arbitraria".
Además, planteó que si bien los contratos a honorarios en el sector privado pueden tener todo tipo de cláusulas, esto es inaplicable en el sector público, ya que "por esta vía podrían otorgarse derechos excesivos" que atenten contra el buen funcionamiento del Estado
La Contraloría fue más allá, señalando que "no resulta lógico entender que quienes excepcionalmente son convocados a prestar funciones en la Administración del Estado, sin integrarla, tengan derechos que el ordenamiento jurídico no otorga a quienes pertenecen a ella", como es el caso de los empleados de planta, lo que la Contraloría consideró como una "discriminación arbitraria".
Además, planteó que si bien los contratos a honorarios en el sector privado pueden tener todo tipo de cláusulas, esto es inaplicable en el sector público, ya que "por esta vía podrían otorgarse derechos excesivos" que atenten contra el buen funcionamiento del Estado
2 comentarios:
¡Que bien!
¿Cuantos casos de esos tipos de honorarios tendremos en la UTEM?
Recuérdense los muchos contratados por la Sra. Gutiérrez, como asesores en esto y en esto otro.
Todavía se desconoce el papel desempeñado por el abogado Sr. Villagra en la EDUTEM (DE LA LIQUIDACION DE ESTA SOCIEDAD TODAVIA NO HAY NADA CLARO)
En Correos de Chile, donde estuvo un ex VRAF de la UTEM, el abogado personal de C. Escalona, el Sr. Correa , periódicamente cobraba honorarios por trabajos aún no precisados.
La Contraloría General está investigando y los resultados pronto se sabrán.
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