ACTA N° 214 B
En Santiago, a 03 de diciembre de 2009, siendo las 15 : 05 horas, se reúne el Honorable Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Metropolita, presidido por el señor Rector, don Luis Pinto Faverio, y con la asistencia de los siguientes Consejeros:
Sr. Ricardo Reich Albertz Representante de la Presidencia
Sra. Liliana Anduaga García Representante de los Académicos
Sr. Patricio Olivares Irribarren Representante de los Académicos
Sr. Héctor Pinto Contreras Representante de los Académicos
Sr. Claudio Vila Ceppi Representante de los Académicos
Sr. Nelson Hidalgo Concha Representante de los Acadêmicos
Sra. Margarita Olguin Cavieres Representante de los No Académicos
Se suma al Consejo la participación del Sr. Vicerrector de Administración y Finanzas, don Eduardo González T. Además, del Sr. Director Jurídico Interno, don Boris Pereira L, además, de José Urbano, Jefe de Recursos Humanos, y don Gustavo Ossandón A, Director de Investigación y Desarrollo Académico.
Oficia como Secretario del Consejo Superior, don Patricio Bastías Román, Secretario General de la Universidad.
Existiendo el quórum reglamentario, se inicia la Sesión, con el siguiente preámbulo:
El Sr. Rector recuerda que esta sesión es la continuación de la sesión del día 19 de noviembre pasado, según previo acuerdo de todos los consejeros. Por tanto, cede la palabra al Sr. Secretario del Consejo, don Patricio Bastías, quien expresa que se quedó por tratar el Punto 5 de la Tabla: “Dos Reglamentos para la Implementación de la Ley del Incentivo al Retiro”.
El Rector Luis Pinto tras verificar que todos tienen los Reglamentos, se da a la tarea de leer el Primer Reglamento, relativo a quienes están en condiciones de acogerse al beneficio. Y el Segundo Reglamento es relativo al pago a la bonificación. La Primera Autoridad comienza a dar lectura al primer Reglamento, pero solicita la presencia del Director Jurídico para aclarar las dudas que surgen. La primera de ella, es relativa a la rebaja de edad para las personas que han hecho trabajos pesados, lo que debe ser particularizado por el I.N.P. La otra duda, planteada por la Consejera Liliana Anduaga es relativa a la fecha en que personas de la Utem plantearon la inquietud de acogerse al beneficio. El Director Jurídico aclara que debido a que la ley entró en vigencia en septiembre, la universidad dio el plazo hasta 1 de diciembre para que las personas que habían cumplido el pre-requisito de la edad. Por esto, a partir del 7 de septiembre, las personas disponen de los 180 días para renunciar a sus cargos. Es decir, el 7 de marzo próximo.
Frente a una situación no clara respecto a que los funcionarios deben tener o no al 15 de diciembre presentada su solicitud al beneficio, el Consejero Patricio Olivares comenta que el Consejo no está facultado para cuestionar la Ley. Ahora, si la universidad quiere explicitar aún más una interpretación de dicha ley, lo mejor es que elabore un instructivo que debe ser repartido entre quienes cumplen los requisitos para el beneficio de retirarse con una indemnización. Frente a esto, el Director Jurídico propone eliminar el cuadro de fechas para acogerse al beneficio, que propone el Reglamento de Implementación y Aplicación de dicha ley a modo de subsanar la situación.
El Rector Pinto comenta que la intención de los Jefes de Recursos Humanos de las universidades estatales es propiciar un documento expedito que permita a todos, de la mejor forma, irse con los dos bonos explicitados. El de los 11 meses, más el bono del Estado, permitiéndole a las instituciones los necesarios 90 días para finiquitar el trámite. Explica que el principal interés es que la persona tenga claro que no se trata de renunciar y al día siguiente recibir los beneficios. Debe haber una entrega formal, tanto de las responsabilidades como de los beneficios. Por tanto, el reglamento que se propone al consejo apunta a esto.
La Consejera Anduaga comenta que el Reglamento tiene problemas de redacción. Por tanto, ella dejaría los párrafos que explicitan la Ley 20.374. “Yo ahí, pondría un punto seguido. Y luego, pondría que las personas que hayan cumplido la edad, etc. etc.…. Es un problema de redacción mínimo”, comenta.
Don José Urbano, Jefe de Recursos Humanos Utem, explica que de acuerdo a la ley, los funcionarios que al 7 de septiembre hayan cumplido los 65 (hombres) y 60 (mujeres) años de edad, disponen de los 180 días corridos para presentar la renuncia voluntaria. Sin embargo, las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores han optado por un plazo menor a fin de realizar todos los trámites ante sus contralorías. Principalmente, en las regionales que son mucho más lentas que en las Casas Matrices. Agrega, que en el caso de la Utem, ya se tienen identificadas a las personas que cumplen los requisitos de la Ley. Y los trámites de quienes han presentado sus renuncias, se pueden iniciar en diciembre, para en enero, estar informando a la Contraloría para su toma de razón, permitiéndole así disponer prontamente de los dineros totalmente tramitados. Puntualiza, también, que este reglamento que se propone es el común que se ha adoptado en todas las universidades estatales, porque es el propuesto por el Consejo de Rectores.
El Sr. Claudio Vila considera que dicho Reglamento pone más exigencias a los académicos que la propia ley. Una cosa es recomendar que avise con tiempo y otra cosas es legislar recomendaciones que no exige la ley.
Don José Urbano agrega que la propia ley explicita que mediante un Reglamento interno se regulará el fondo de los recursos económicos, que permiten los beneficios descritos por la ley. Por tanto, el reglamento propuesto es sólo para el preciso ordenamiento institucional interno.
Para obviar la impasse, el Consejero Vila propone reemplazar el cuadro de fechas, por la frase: “… en las fechas que fije el Departamento de Recursos Humanos”.
El Sr. Rector concluye que el Reglamento debe explicitar que el personal que cumpla con los requisitos para acceder a los beneficios debe renunciar a su cargo en los 180 días siguientes al cumplimiento de las edades exigidas. Quien no lo haga, se entenderá que renunciará irremediablemente a los beneficios de la ley.
Respecto al siguiente artículo, relativo a los montos de pago, el Rector Pinto expresa la necesidad de definir cuáles son los ítems de cálculo del monto a pagar. No sólo, el sueldo base y la asignación profesional, porque la universidad tiene definidos los restantes ítems. Por ejemplo, el 812.
Don José Urbano asiente, explicando que son todos los factores que la universidad considera como incremento de sueldo, menos la asignación por movilización.
En relación al artículo XI, (recontratación de académicos de excelencia para labores de investigación) el Consejero Richard Reich manifiesta su observación, debido a la amplitud del artículo. Considera que éste debería tener un carácter excepcional para respetar el espíritu de la ley. Por tanto, el aporte académico-docente debe tener un carácter de excepcionalidad, lo que ameritaría una excepción el recontratarlo para 12 horas de investigación. Y en virtud a su calidad docente, brindarle la posibilidad de realizar otras 12 horas de clases. Pero, por categoría de excelencia, debe entenderse que el académico debe ser reconocido internacionalmente.
El consejero Héctor Pinto agrega que en el reglamento que se discute, no se coloca algo fundamental de la Ley. Que éste beneficio es sólo para los académicos de más alta jerarquía De lo contrario, la recontratación se prestaría para un teje y maneje… donde excelencia se desplazaría para priorizarse factores como el amiguismo, la cofradía…quedándose así quienes no se destacan por su excelencia académica.
Debido a esto, el Rector Pinto le entrega instrucciones al Director Jurídico en el sentido de incluir en el reglamento el criterio de que sólo pueden ser recontratados quienes ostenten la jerarquía académica de Profesor Titular.
Por tanto, el pleno de asistentes al Consejo Superior:
El Secretario del Consejo, Sr. Patricio Bastías da lectura al Segundo Reglamento, relativo a la contratación de académicos que se acojan al Beneficio del Incentivo al Retiro Voluntario.
Tras la lectura, a don Ricardo Reich le parece difícil de precisar el reconocimiento nacional o internacional que se precisa para ser recontratado. Para él, es más fácil determinar su grado de competencia en la especialidad. Por tanto, propone eliminar el artículo B. Asimismo, en el artículo D, (profesor de difícil reemplazo) es difícil de precisar el grado de dificultad de reemplazo. Por tanto, se inclina por cierto grado de competencia que lo puede evaluar una comisión.
El Consejero Héctor Pinto comenta que el reglamento propone muchas cosas altisonantes, porque siempre se termina entrando por la ventana a las personas más amigas. Por tanto, se inclina por eliminar las exigencias de prestigio nacional o internacional, porque en la Utem no existe uno que ostente tal grado de reconocimiento. Además, el requerimiento de trabajar en pre o posgrado es partidario de eliminarlo, debido a la poca cantidad de posgrados existentes en la Utem. Se auto-define partidario de exigir el Grado de Doctor.
El Rector Pinto afirma que si bien las exigencias deben ser transparentes, la Utem tiene un problema con la jerarquización de sus académicos. Ésta debe revisarse. “Ya no existe una pirámide. Sino un rombo, ya que la mayoría son profesores titulares. Por ello, es fundamental definir las exigencias que se pedirán a quienes acogiéndose a este beneficio, estén en condiciones de seguir en la universidad”, enfatiza.
El Sr. Héctor Pinto recuerda que el límite para recontratar a estos académicos es de 75 años y no más. El que debería ser propuestos por los consejos de facultad, aunque a esto le encuentra la problemática de que en la Utem, lo político pesa demasiado. Esto inhibe el potencial docente y lo académico muchas veces se ve desplazado por la cuestión de poder político. Entonces, sería bueno que interviniesen más organismos en esta nominación.
El Rector Pinto al hacer un balance de lo conversado, concluye que el primero y el segundo artículo deben borrarse. El tercero queda. También, se borra lo relativo de que la asignatura que imparte sea de difícil reemplazo. Propone el concepto de asignaturas de real efectividad, cuya calificación debe ser entregada por el Consejo de Facultad. A la vez, para el tercer artículo debe copiarse el encabezado de la ley… por ser más explícito.
Los Srs. Vila y Reich concuerdan que en el caso de las investigaciones, ese derecho no sólo debe limitarse a los Investigadores Responsables. Debe extenderse a los Asociados, porque en los Proyectos Anillo, suelen unirse varios “pesos pesados”, que bien merecen el beneficio. Este mismo proceder, debe apuntar a las publicaciones cuya vigencia de ampliarse a los últimos tres años.
Debido a la observación del Consejero Reich, de que el comité no sería el estamento más idóneo para esta labor de recontratación, don Patricio Olivares propone que sea el Consejo Académico, el que asuma tal responsabilidad al ser mucho más representativo.
Por ende, el Consejero Héctor Pinto reitera que sea el Consejo Académico, porque allí están todos los estamentos representados. Aceptando esto, el Rector Pinto considera conveniente sumar al Presidente del Comisión de Jerarquización de la universidad.
Respecto al artículo quinto (organización del Comité), éste se decide obviar porque al ser el Consejo Académico, allí existe toda la orgánica propuesta.
En relación a las especificaciones de recontratación del artículo sexto, éste se aprueba a cabalidad.
Entonces, el pleno del Consejo Superior determina:
PUNTO N° 6. APROBACIÓN DE CONTINUIDAD DE EMPRÉSTITOS.
El Consejero Vila pregunta por la real efectividad de que la banca pueda renegociar este empréstito. El Vicerrector de Administración y Finanzas, Sr. Eduardo González, afirma que a sólo firma lo ve difícil. Lo importante es renegociar los pasivos. Hay 6 mil millones de pesos en letras por cobrar. Y se trabaja en ello.
A esto se suma una deuda de 76 millones por deudas impagas por contribuciones 2007 y 2008 de los edificios de la FAE, especifica el Rector Pinto. Y esto porque los predios no se declararon como recintos universitarios, ya que las universidades estatales están exentas de estos pagos. Esto constituye una negligencia que supera cualquier mala gestión. “Por tanto, vamos a pagar esperando que Impuestos Internos nos devuelva después el dinero cancelado, porque estamos contribuyendo a la educación nacional”, explica el Sr. Rector.
Debido a este panorama y a otros, el Rector Pinto considera importante pasar todo lo que no es deuda financiera a deuda financiera, que suma alrededor de los 4 mil millones.
El Sr. Vila apoya la moción, porque siempre es beneficioso salir de la deuda morosa, por los costos adicionales que implica.
Entonces, por el pleno de los consejeros, se determina: Aprobar la renovación de línea de crédito por $450 millones de pesos con el banco del desarrollo, a una tasa referencial.
Además de autorizar al vicerrector de administración y finanzas Sr. Eduardo González , de iniciar negociaciones amplias con la banca para ver posibilidad de obtener empréstitos que ayuden a regularizar la situación económica de la corporación.
El consejero Nelson Hidalgo aboga por hacer los esfuerzos necesarios por solucionar, también, la deuda de los profesores a honorarios. Asimismo, el pago de las AFP. Al respecto, el Rector Pinto le comenta que existen altas probabilidades de cancelar dicha deuda en la segunda semana de enero.
Agrega el Consejero Vila, que tras revisar la programación académica del segundo semestre de 2009, pudo comprobar que existen académicos que ni siquiera cumplen con una carga de seis horas semanales. Esto es una gravamen que no puede absorber ninguna universidad. Y, menos, la Utem en la situación que se encuentra.
El Rector Pinto le recuerda que uno de sus compromisos fue ordenar esto. Le recuerda que existen dos alternativas para reducir o eliminar el déficit. El ahorro y el aumento de ingresos. “Lamentablemente, en este último aspecto no nos ha ido tan bien como pensábamos. Por ello, hemos agudizado la vista para analizar la cantidad de horas efectivas que se hacen comparativamente con los planes de estudios de nuestras carreras. Y hemos detectado un exceso, necesario de corregir”, expresó la Primera Autoridad.
Tras la consulta del Sr. Vila respecto a Criminalística, el Rector Pinto le expresa que en Valparaíso se tiene una tremenda sede para 17 alumnos, con el consiguiente gasto. Asimismo, en Concepción se paga un arriendo de $ 600.000.- mensuales por una sede que cobija a 3 ó 4 alumnos, con el respectivo gasto en profesores y mantención. Estas son situaciones que no pueden subsistir.
Al respecto, el Consejero Ricardo Reich expresa que respecto a situaciones así, es preferible cerrar dichas sedes. Además, el hecho de mantener académicos que no cumplen la jornada para lo cual fueron llamados involucra un riesgo. Incluso, de intervención estatal. Por tanto, es preferible actuar antes de ser intervenidos, porque el costo siempre será inferior.
El Rector Pinto le enfatiza que ya se tiene esbozada una cierta política, que se dará a conocer en su oportunidad, aunque sabe que será muy dolorosa.
Por ello, se ha preferido esperar la realidad del retiro voluntario. Independiente que hay académicos de planta que no tienen carga académica desde hace 3 ó 4 años. “Y esta situación la voy a traer al Consejo Superior para decir en conjunto”, enfatizó el Rector.
La señora Liliana Anduaga afirma que el cumplimiento del decreto 232 puede ayudar a esa política económica que precisa la universidad. Al respecto, la Primera autoridad le responde que se deberá apelar a él. Inclusive, se harán algunas actualizaciones acorde a los nuevos tiempos. Porque hay carreras que tienen muy pocos alumnos y un gasto tremendo en profesores. Por ende, desea tomar decisiones lo más cerca de la objetividad. Y en ello, espera el respaldo del Consejo Superior.
VARIOS 1: MATRÍCULAS Y ARANCELES
El Rector Pinto presenta los nuevos valores de las Matrículas. Éstos tienen un nuevo valor de $ 92.000.- Sólo se incrementó cuatro mil pesos en relación al año pasado. Es para alumnos nuevos y antiguos. Inclusive, se puede pagar en dos cuotas. En cuanto a los aranceles, éstos se incrementaron en un 4,5% para los alumnos antiguos, pudiéndose generársele a los alumnos hasta 12 letras en vez de diez. Esto le rebaja un poco la carga mensual.
VARIOS 2: SITUACIÓN DEL ALUMNO C. A. U.
Al respecto, el Secretario del Consejo, don Patricio Bastías R. explica que sólo ha recibido la aprobación positiva de don Samuel Donoso respecto de la situación del alumno C. A. U., quien sufre de sida. Pide condonación de su deuda, la que aproximadamente, asciende a un millón y medio.
El Rector Pinto manifiesta que por ser pérdida de patrimonio, ésta debe ser autorizada por el Consejo Superior.
El consejero Reich recuerda que existen diferentes enfermedades catastróficas. Entonces, es conveniente fijar un criterio para evitar que unas sean favorecidas y otras no.
El Rector Pinto se inclina por pasarle esta disyuntiva a Bienestar Estudiantil donde deberían emitir un Informe, que se les haría llegar a los señores consejeros para un mejor decidir.
VARIOS 3: SITUACIÓN DE SAN FERNANDO
El Director de Investigación y Desarrollo Académico, Sr. Gustavo Ossandón, explica que se la ha solicitado al encargado de la sede de San Fernando, Sr. Cristian Becerra, una propuesta de solución a la problemática de esa sede, ocasionada por la rebaja arancelaria y crédito institucional otorgado a esos estudiantes. Como la universidad debe asumir su responsabilidad, se ha propuesto respetar lo ofrecido originalmente a esos alumnos, pero sólo durante la extensión de la carrera y no por el período en que ellos se demoren en sacar la carrera que estudian. Además, tales alumnos deberán pagar su matrícula al contado y documentar el crédito institucional mediante un pagaré. Agrega, que esta situación se ha postergado más de lo recomendable, porque inclusive, algunos de ellos deberían haberse titulado a finales de 2008 y todavía no lo han podido hacer a raíz de que no se les ha podido levantar el expediente de titulación.
Don Ricardo Reich recuerda que esto ya se conversó anteriormente, y se había determinado declararlo a pérdida debido al gran error institucional cometido. Agrega la Sra. Liliana Anduaga que el acuerdo fue que una vez que estos alumnos se marcharan, se acababa el beneficio.
El Sr. Ossandón recuerda que esto se presenta en virtud del acuerdo del Consejo Superior del 30 de enero de 2009, punto 3.1, donde se determina pedirle al Sr. Becerra, un proyecto de beneficios para los alumnos de San Fernando y que incluya las respectivas regularizaciones de los beneficios otorgados en los años anteriores. Por tanto, lo que se hace ahora es dar cumplimiento a ese acuerdo.
El Sr. Vila señala aprobar lo propuesto, pero con la condición de iniciar los juicios correspondientes a quienes provocaron la situación de desmedro a la universidad. “Este es el mismo criterio que se utilizó para subsanar la situación de la Utemvirtual”, enfatiza.
Por ende, el pleno del Consejo Superior, en forma unánime, aprueba:
Mantener los beneficios ofrecidos a los Estudiantes de San Fernando, exclusivamente, por el período de duración de la carrera, debiendo cancelar matrícula y documentar el crédito institucional mediante un pagaré.
La Universidad asume la pérdida patrimonial relativa a los porcentajes de descuentos ofrecidos a través de la prensa para captar alumnos.
VARIOS 4: SITUACIÓN DE DESCARGA ACADÉMICA.
El Consejero Claudio Vila expresa la necesidad de que los Consejeros Superiores tengan la respuesta respecto de la factibilidad de descarga académica solicitada a raíz del trabajo que involucra la labor del Consejo Superior. Comenta que ese pedido proviene desde el tiempo de la Rectora Subrogante Haydée Gutiérrez. Asimismo, se le reenvío al Rector Pinto, con los antecedentes jurídicos pertinentes y, hasta el momento, no se obtiene la respuesta oficial.
El Rector propone revisar la documentación e incluir el tema para el próximo Consejo del 17 de diciembre de 2009.
VARIOS 5: SITUACIÓN PROGRAMACIÓN ACADÉMICA.
En relación a la Programación Académica 2010, el Sr. Claudio Vila explica que ésta se ha hecho con criterio de contador. Disponer de 20 horas para un profesor de especialidad, constituye una pérdida de recursos para la universidad.
El Rector Pinto le recuerda que se están haciendo los análisis del caso. Se declara partidario que los académicos hagan 16 horas, pero incluidas las horas de investigación. En todo caso, esto de las 20 horas, no es su responsabilidad porque no las creó él.
El Sr. Patricio Olivares afirma que presumiblemente ese reglamento con las 20 horas académicas, lo haya creado él, pero con la aprobación del Consejo Académico. Al respecto, el Consejero Héctor Pinto expresa que la fuente de conflicto radica que esta medida no sea para todos, cuando es sabido que en algunos Departamentos existen académicos con cero carga académica o muy poca. Entonces, esto deriva a analizar el criterio con que se designan las jornadas completas. “Lo evidente aquí es que esta universidad está sobredimensionada en sus cargas completas”, enfatiza.
Esto es avalado por el Rector Pinto, quien tras una serie de reflexiones, da por levantada la sesión, a las 18:55 horas.
