INTRINGULIS JURÍDICO: DECRETO 702

LA SORPRESA DEL DECRETO 702

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Cuando todos esperabamos la llegada del referido decreto, que regularizaría los procesos de jerarquización realizados durante los años 2003 al 2007, y cuya tramitación iniciara el Sr. Moisés González hace varios meses, nos hemos sorprendido al ver el artículo 34 modificado respecto al original elaborado por dicho abogado, en el que se facultaba expresamente a Rectoría para dictar una resolución excenta para validar las decisiones acordadas por las diferentes Comisiones durante el periodo en que funcionaron en base a un decreto carente de la debida tramitación.

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Así también apareció un Art. 1 "transitorio" que ordena poner en marcha en un plazo de 15 días las comisiones que crea el reglamento legalizado.

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En estas circunstancias, ha surgido una nueva "legalidad", que obliga a que las comisiones recientemente constituidas (30 académicos) se hagan responsables de las jerarquizaciones de todo el personal académico, lo que supone que todo lo que aprueben deberá ser conforme a derecho.

Es decir, deben declarar que de acuerdo a los antecedentes a la vista, estos corresponden a los requisitos de las diferentes categorías que los académicos solicitan.

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Quien quiera que haya participado en alguna de estas comisiones (el suscrito uno de ellos sabe que eso requiere un esfuerzo de al menos media hora de Comisión, promedio por postulante, en el supuesto que todos los antecedentes estén debidamente presentados y chequeados, y las decisiones se tomen con la debida seriedad).

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Pedir que se aprueben "a bulto", argumentando la premura de la comunidad para realizar la elección, no parece una medida razonable para una universidad que debe acreditarse, si o si.

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Por otra parte surge el argumento de la pérdida de legitimidad de la elección, si esta se convoca con el cuerpo electoral regulado por las jerarquizaciones realizadas hasta el 2002-2003, pues dejaría sin derecho a voto a un conjunto de jóvenes colegas que se incorporaron a la categoría de asistente con posterioridad a dicha fecha.

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Frente a esta colisión de "derechos" o "legitimidades" surge la "legitimidad" de la actual rectoría para ejercer la máxima autoridad institucional, como consecuencia de la delegación que le hiciera hace unos meses el ex rector en medio de una grave crisis, mediante su nombramiento de Vicerrectora Académica.

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El criterio de análisis debe sopesar estas legitimidades y ponderarlas de acuerdo con las prioridades y urgencias que presenta la crisis que estamos viviendo. Y, más aun, no enredarlas con argumentaciones respecto de derechos derivados de las expectativas de los académicos que se sometieron de buena fe al proceso de jerarquización. Para este efecto, sin duda no prioritario en este momento, habrá tiempo después de la elección y obrar de acuerdo al derecho-derecho, con las nuevas comisiones recientemente constituidas.

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Sin embargo, no debemos perder las esperanzas de una solución maravillosa, como resultado de la consulta que se le hará a la Contraloría respecto a la facultad de rectoría para dictar una resolución excenta validando todo lo obrado por las anteriores comisiones y "validado" con decretos de la rectoria anterior.

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Obviamente, todo tiene un costo, pues una cosa es hacer la consulta y otra es recibir la respuesta en el plazo deseado, pues dado el carácter jurídico de esta institución cabe esperar una respuesta analizada en los más altos niveles de la institución (especialmente en el caso UTEM).

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"Nuestra" opción es "escoger" la alternativa que más le convenga al MINEDUC, representado por sus tres representantes y a los tres Consejeros Académicos Superiores que "debieran" representar a toda la comunidad académica UTEM en la sesión secreta que realizará este Consejo el próximo día Martes 28 de octubre, y de la que nunca conoceremos el acta de lo que allí se diga.

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Claudio Vila C.

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Adjunto comentario de estudiante observador

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Estudiante UTEM ha dejado un nuevo comentario en su entrada

"INTRINGULIS JURÍDICO: DECRETO 702":

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Cuando exponemos la situación actual en un claro "entre comillas", queda esa sensación de que "todo está arreglado".

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Si esta Universidad ha actuado conforme a un supuesto Decreto que no es Decreto (Reglamento de Jerarquización 2002-2008) sino Resolución que la Contraloría General no legalizó,podemos seguir pensando que mientras "todo esté arreglado" y lo "arreglemos bajo las circunstancias", estaremos en las mismas condiciones de ILEGALIDAD que, obviamente como Institución no podemos permitir más.

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Si un Consejo Superior pretende seguir mateniendo este criterio, la UTEM simplemente no va a ninguna parte.

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Si los profes están tan preocupados de votar por alguien, y eso es pasarse por alto la LEY, uno como estudiante se pregunta, si realmente les interesa la UTEM o sólo les importa que mejor que no venga alguien a cuestionarles por todos los años en que esta Universidad ha actuado sin ningún margen de ética posible, con una especie de semidios que era más razonable adorarlo que perseguirlo por todo el daño que le ha hecho a la UTEM.

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Es hora de que aquí se hagan las cosas decentemente, y si hay un Decreto LEGAL y VIGENTE, con todas las de la ley y NO CUESTIONADO, como estudiante les pido a los académicos que tengan un mínimo de ética y sepan respetarlo.

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(estudiante anónimo)